Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

Transcript

Igualdad de Género

Realizamos una investigación en cuatro ámbitos diferentes (comunidad LGBT+, igualdad de género, discapacidad y racismo). Investigamos cómo los distintos países de la UE se enfrentan a las injusticias y cómo están mejorando su enfoque de este problema.

Leer la investigación completa

Discapacidades

Realizamos una investigación en cuatro ámbitos diferentes (comunidad LGBT+, igualdad de género, discapacidad y racismo). Investigamos cómo los distintos países de la UE se enfrentan a las injusticias y cómo están mejorando su enfoque de este problema.

Leer la investigación completa

comunidad lgbtqia+

Realizamos una investigación en cuatro ámbitos diferentes (comunidad LGBT+, igualdad de género, discapacidad y racismo). Investigamos cómo los distintos países de la UE se enfrentan a las injusticias y cómo están mejorando su enfoque de este problema.

Leer la investigación completa

racismO

Realizamos una investigación en cuatro ámbitos diferentes (comunidad LGBT+, igualdad de género, discapacidad y racismo). Investigamos cómo los distintos países de la UE se enfrentan a las injusticias y cómo están mejorando su enfoque de este problema.

Leer la investigación completa

In 2016, Sweden adopted a national plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime. The plan provides a basis and a focus for the on-going work to combat racism and hate crime in the strategic areas identified by the Government. One of the primary objectives of Swedish integration policy is to increase the employment rate and facilitate access to the labour market for recognised refugees and beneficiaries of subsidiary protection. There were a substantial number of reported cases involving violence against persons with racist and xenophobic hate motivation, although the number has decreased from 703 cases in 2011 to 588 cases in 2015 (a decline of 16%). However, the number of cases of violence against Black persons has slightly increased. The number of incidents of racist and xenophobic hate speech has been rising over recent years, in particular in the context of the arrival of an extraordinarily high number of migrants during the recent migration crisis and in spite of serious efforts by the authorities to prevent such hate speech. The main target groups are migrants, Muslims, Black persons and Roma. Antisemitic hatred also remains a problem in Sweden. Furthermore, incidents of racist violence still occur in the country.

The law does not criminalise discrimination on grounds of colour or language and the penalties provided for are not always an effective, proportionate and dissuasive response to offences involving racism and racial discrimination. Discrimination and racism in employment are not acknowledged in the public debate, but rather the view of foreigners being second class citizens is considered as “natural”. Foreign workers are usually “over-educated” having a much higher level of education compared to the requirements of their job. As for salaries, foreign men are paid at least 20% less than the average. For foreign women, the salary gap with national women reaches 30%. The Reale Act or the Mancino Act prohibit hate speech among other things. As hate speech is also punishable under other, more general legal provisions, covering racially motivated slander, defamation and insults, for example, these figures do not give a full picture of the situation.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal. Las parejas del mismo sexo no pueden adoptar, pero las personas solteras (independientemente de su orientación sexual) sí. Los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo se legalizaron en 1932. Desde 2015 varios municipios se han declarado "zonas libres de LGBT", aunque esto no tiene valor legal, afecta a las personas LGBT al exponerlas a delitos de odio y discriminación. Para un cambio de sexo legal se requiere un diagnóstico médico, y las personas deben demandar a sus padres para que se modifique su certificado de nacimiento. Según la legislación polaca, la cirugía de reasignación sólo puede llevarse a cabo después de que el sexo de una persona haya cambiado legalmente.

Turquía ha ratificado un trato discriminatorio que viola los convenios de derechos humanos. Se han tomado medidas para abordar las tensiones relacionadas con la situación kurda, con una "iniciativa democrática" lanzada en 2009. Prosiguen los esfuerzos para mejorar el diálogo con las comunidades aleví y romaní. La creación de la Institución del Defensor del Pueblo en 2013 dio lugar a investigaciones sobre mala conducta policial, y la Gran Asamblea Nacional turca apoyó sus recomendaciones. La adopción por Turquía de la Ley de Extranjería y Protección Internacional en 2013 tiene como objetivo integrar a inmigrantes y refugiados, con especial atención a la prevención de la xenofobia y la incitación al odio por parte de la autoridad competente.

Slovakia has established legal measures to ensure equal treatment for persons with disabilities. Efforts are being made to provide accessible housing loans, support services, and inclusive employment opportunities. However, disabled individuals still face barriers, discrimination, and segregated education. Steps are being taken to improve conditions in social care and psychiatric institutions where many people with disabilities reside.

El matrimonio igualitario es legal desde 2017. También es legal la adopción por parejas del mismo sexo. La mayoría de la población (70%) está totalmente a favor de las parejas del mismo sexo. La homosexualidad se despenalizó en 1973. La Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales eliminó la necesidad de que las personas trans en Malta se sometieran a cirugía, esterilización y obtuvieran un diagnóstico de enfermedad mental para cambiar legalmente de género. En los documentos oficiales se reconoce un tercer género, utilizando la X como marcador de género (M,F,X).

POLONIA Con 56,6 puntos sobre 100, Polonia ocupa el puesto 23 de la UE en el Índice de Igualdad de Género. Su puntuación es 11,4 puntos inferior a la de la UE. Desde 2010, la puntuación de Polonia ha aumentado solo 1,1 puntos, y su clasificación ha descendido nueve puestos. Desde 2018, la puntuación de Polonia ha aumentado en 0,8 puntos debido a ligeras mejoras en los dominios de poder y dinero. Su clasificación sigue siendo la misma que en 2018. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el parlamento/estados políticos/gobierno local? El porcentaje de mujeres en los gabinetes en Polonia ha aumentado del 6,3 por ciento en 2004 al 31,6 por ciento en 2014, aunque ese porcentaje ha disminuido desde entonces al 8,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2021. ¿Cuándo consiguieron las mujeres sus derechos? El 28 de noviembre de 1918, las mujeres polacas consiguieron el derecho al voto. Polonia fue uno de los primeros países de Europa en conseguir esta cuestión esencial. Pero no se trataba sólo de votar: durante la Segunda República Polaca (1918-1939), las mujeres polacas fueron ganando cada vez más independencia, demostrando su extraordinario papel en la historia y la cultura polacas. ¿Cómo es el permiso parental? La duración del permiso de maternidad depende del número de hijos nacidos de un mismo embarazo. 186 El artículo 180 de la LC estipula que una trabajadora tiene derecho a los siguientes periodos de permiso de maternidad: 1) 20 semanas (140 días) cuando da a luz a un hijo en un parto; 2) 31 semanas (217 días) cuando da a luz a dos hijos en un parto; 3) 33 semanas (231 días) cuando da a luz a tres hijos en un parto; 4) 35 semanas (245 días) cuando da a luz a cuatro hijos en un parto; 5) 37 semanas (259 días) cuando da a luz a cinco o más hijos en un parto. El permiso de paternidad se introdujo en el artículo 1823 de la LC en 2008 y se modificó en 2015. Establece que el trabajador por cuenta ajena que sea padre y se ocupe del cuidado de un hijo tiene derecho a un permiso de paternidad de 2 semanas, pero no puede disfrutarse después de que el hijo tenga 24 meses (hasta el 2 de enero de 2016 era de 12 meses). En cuanto a la adopción, el periodo pertinente es de 24 meses, desde el día en que la orden de adopción es firme hasta que el niño cumple 7 años. En el caso de un hijo con discapacidad, el permiso puede disfrutarse hasta que el hijo cumpla 10 años.

Alemania tiene la obligación legal de promover la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Las adaptaciones en el lugar de trabajo, las ayudas a la vivienda y la educación inclusiva son aspectos importantes del apoyo a la discapacidad. Las cuotas de empleo y los talleres protegidos pretenden ofrecer oportunidades, mientras que los delitos de odio por motivos de discapacidad siguen siendo motivo de preocupación.

España ocupa el 8º puesto en el Índice de Igualdad de Género de la UE, con una puntuación de 72,0, 4,1 puntos por encima de la media de la UE. La puntuación de España ha aumentado en 5,6 puntos desde 2010, con puntuaciones más altas en los ámbitos de la salud y el dinero. Las mujeres representan el 42,98% del parlamento español, gracias a las cuotas legisladas de candidatos que hacen cumplir el equilibrio de género. Los derechos de la mujer experimentaron una transición positiva tras el franquismo, con la concesión del derecho de voto en 1933, durante la Segunda República Española.El permiso de maternidad puede prolongarse hasta 16 semanas y, a partir de 2021, los padres tienen el mismo derecho de permiso que las madres. España aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de protección contra la violencia de género. Resulta escandaloso que el 57,3% de las mujeres españolas mayores de 16 años hayan sufrido violencia por razones de género. El aborto es legal previa solicitud hasta las 14 semanas o en casos de riesgo para la salud o defectos fetales.

Grecia ocupa el puesto 27 en el Índice de Igualdad de Género de la UE, con una puntuación de 52,5, 15,5 puntos por debajo de la media de la UE. La representación femenina en la política griega es escasa, y los hombres dominan los ayuntamientos (93,5% de alcaldes), las asambleas regionales (79,2% de miembros masculinos) y el gobierno nacional (75% de miembros masculinos). Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1952, y los principios de igualdad de género se integraron en el trabajo y la educación. El permiso de maternidad es de 119 días, mientras que el de paternidad es de sólo 2 días. La diferencia de género en la educación es notable: el 46% de las mujeres jóvenes de entre 25 y 34 años han cursado estudios superiores, frente al 35% de los hombres. La violencia de género afecta al 19% de las mujeres que han estado alguna vez en pareja. El acceso a la sanidad en Grecia ha disminuido, con disparidades entre hombres y mujeres en la percepción de la salud y el acceso a la atención sanitaria.

Eslovaquia no reconoce los matrimonios ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En cinco periodos diferentes se presentaron proyectos de ley que reconocían las uniones entre personas del mismo sexo, pero todos fueron rechazados. La ley impide a las parejas del mismo sexo adoptar niños. La homosexualidad se legalizó en Checoslovaquia en 1962. Es posible hacer una transición médica social y legal. La Ley no permite a los centros educativos volver a expedir certificados con un nuevo nombre y apellido tras la transición a las personas transexuales. El procedimiento para cambiar los datos de una persona como consecuencia de un cambio de sexo está parcialmente regulado por la Ley. En Eslovaquia aún no se ha aprobado ninguna ley para designar un género distinto al masculino o femenino.

Desde enero de 2016, las parejas del mismo sexo de Estonia pueden registrar su relación mediante un contrato de convivencia, que ofrece la mayoría de las protecciones legales del matrimonio. Sin embargo, el matrimonio y la adopción conjunta siguen sin estar disponibles para ellos. Estonia legalizó las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo en 1992. Sin embargo, según un informe de la Comisión Europea, Estonia impone condiciones médicas intrusivas para que los transexuales cambien legalmente de sexo, incluidas la cirugía y la terapia hormonal. En particular, no existe la opción del tercer género en los documentos oficiales.

En Turquía, los derechos de las personas con discapacidad están protegidos por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución. El país cuenta con leyes que garantizan la igualdad de derechos, incluido el acceso a la atención sanitaria y a las prestaciones de la seguridad social. La educación especial pretende ofrecer igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, pero es necesario mejorar la inclusión y la recopilación de datos. Las empresas del sector privado reciben incentivos por contratar a personas discapacitadas, y existen programas de asesoramiento y formación para apoyar su empleo. Se hacen esfuerzos para fomentar el espíritu empresarial entre las personas con discapacidad.

La Asociación de Empresarios de Malta (MEA) tenía buenas conexiones con el organismo nacional para la igualdad (NCPE) y, de hecho, el Director General de esta Asociación de Empresarios forma parte de la junta y participa directamente en asuntos relacionados con la igualdad. MEA también participó en la campaña "Por la diversidad contra la discriminación", que ayuda a concienciar sobre cuestiones de igualdad y distribuye material de esta campaña entre sus miembros. La Unidad Intercultural y Antirracista es el punto de entrada de Malta a la integración de los inmigrantes, ya que trata de ayudar a todas las personas de origen inmigrante que residen en Malta en su camino individual hacia la integración. La Unidad de Discursos y Delitos de Odio trabaja en estrecha colaboración con la Policía maltesa desde 2019, abordando las cuestiones de los discursos y los delitos de odio.

Tras reconocer la cohabitación no registrada entre parejas del mismo sexo en todo el país y las uniones registradas en determinadas ciudades y comunidades desde 1994 y 1997, España legalizó tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como los derechos de adopción para parejas del mismo sexo en 2005. La opinión pública sobre las relaciones entre personas del mismo sexo cuenta con un 89% de apoyo. La homosexualidad se despenalizó en 1979. En 2006 se aceptó oficialmente el reconocimiento legal del cambio de sexo, que es legal y no requiere cirugía. Sin embargo, sí se exige acreditar algún tipo de tratamiento médico durante un periodo de dos años. España no reconoce legalmente las identidades de género no binarias. En 2021 se rechazó una propuesta legislativa que habría proporcionado el reconocimiento.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Las parejas del mismo sexo existen desde 2016 y tienen derechos similares a los del matrimonio, aunque no exactamente los mismos. La homosexualidad se despenalizó en 1889. El reconocimiento legal del género se basa en la ley 164, que establece que es necesaria una sentencia judicial para cambiar el marcador de género. La cirugía, sin embargo, no es necesaria. El tercer género no está reconocido en los documentos oficiales.

El matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en 2012 en Dinamarca. Antes de eso, entre 1989 y 2012 hubo uniones registradas para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. La adopción conjunta se legalizó en 2010, y la inseminación médicamente asistida para parejas del mismo sexo se permitió en 2006. Dinamarca despenalizó la homosexualidad en 1933. El cambio legal de sexo se basaba en la Ley de Esterilización y Castración hasta 2014. Ahora, los daneses mayores de 18 años pueden solicitar un cambio de sexo legal, que implica un "periodo de reflexión" tras expresar su intención. El reconocimiento no binario solo es posible en los pasaportes, pero el proceso administrativo es difícil y a menudo poco claro.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2015, la decisión se tomó a través de un referéndum para modificar la Constitución de Irlanda. Las relaciones sexuales entre hombres y mujeres del mismo sexo son legales desde 1993. Desde septiembre de 2015, las personas trans en Irlanda pueden solicitar que el Estado reconozca legalmente su género preferido. Cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar el cambio de género. No hay opción para un tercer género en la Ley de Reconocimiento de Género (2015).

Suecia destaca en el Índice de Igualdad de Género con una puntuación de 83,9. La Constitución y la Agencia de Igualdad de Género desempeñan un papel importante en la lucha contra la discriminación de género. La integración de la perspectiva de género es una estrategia clave, mientras que la nación logró el primer gobierno feminista del mundo en 2014, garantizando la integración de la igualdad de género en las políticas y decisiones.La Ley de Igualdad de Género de 1979 supuso un paso fundamental, al establecer la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. La baja por maternidad comprende siete semanas antes y después del parto, con un periodo opcional para la lactancia. Los padres tienen derecho a 10 días de permiso de paternidad, junto con prestaciones parentales compartidas.Los centros de trabajo suecos documentan medidas activas contra la discriminación y para promover la igualdad de género, tal y como establece la Ley de Discriminación. Las disposiciones legales para abordar la violencia contra las mujeres están integradas en el Código Penal, incluyendo medidas como la Ley de Órdenes de Alejamiento.

Finlandia es líder mundial en igualdad de género, con una alta representación de mujeres en el mercado laboral, la toma de decisiones políticas y los consejos de administración de las empresas. Sin embargo, persisten problemas como las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la segregación en la educación y el mercado laboral, la violencia de pareja y las disparidades en el bienestar de los hombres. La representación política es fuerte, con un 47% de mujeres parlamentarias y más de la mitad de ministras. La participación política de las mujeres se remonta a 1906, cuando se les concedieron plenos derechos políticos. El modelo de permiso parental de Finlandia es progresista, y concede permisos de maternidad, paternidad y parentales con ayudas económicas. A pesar de que la tasa de educación de las mujeres es superior, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 17,4%. La violencia contra las mujeres es preocupante: un tercio sufre violencia de pareja. La sanidad finlandesa es neutra en cuanto al género y ofrece igualdad de acceso. El aborto es legal en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo, regulado por ley en función de diversos motivos.

Italia cuenta con leyes para proteger los derechos y la inclusión social de las personas discapacitadas, con la Ley 104/1992 como marco principal. Las políticas educativas persiguen la inclusión, concediendo a todos los niños el derecho a ser educados en clases comunes. La legislación laboral obliga a los empresarios públicos y privados a contratar a un determinado porcentaje de trabajadores discapacitados en función del tamaño de la empresa. El país también aborda la conducta delictiva contra las personas discapacitadas mediante disposiciones específicas en el derecho penal.

Dinamarca obtiene una puntuación en el Índice de Igualdad de Género de 77,8 sobre 100. En el Parlamento y la política, el 35% de los miembros son mujeres, porcentaje que se eleva al 40% en el caso de los ministros. En los consejos de administración de las grandes empresas hay un 34% de mujeres. Las mujeres obtuvieron el derecho a votar y a presentarse como candidatas en 1915. Los hitos en materia de igualdad de género incluyen el nombramiento de una Ministra de Igualdad de Género en 1999 y de la primera mujer Primer Ministro en 2011.El permiso parental ofrece 52 semanas de prestaciones combinadas de maternidad/paternidad, con disposiciones flexibles para las últimas 32 semanas. Dinamarca tiene una tasa de graduación en educación terciaria del 34% entre las mujeres y del 28% entre los hombres.La legislación sobre violencia de género está incluida en el Código Penal y aborda diversas formas de violencia contra las mujeres. La violación conlleva penas de hasta 12 años, y en 2013 se introdujeron cambios relacionados con el estado civil y la fuerza.El sistema sanitario danés respeta la igualdad de género, garantizando un acceso no discriminatorio. El derecho al aborto legal se concede a las residentes permanentes hasta la 12ª semana de gestación desde el 1 de octubre de 1973.

En Italia, la ley carece de disposiciones contra la discriminación por motivos de color o lengua, y las sanciones suelen ser insuficientes para disuadir del racismo. La discriminación y el racismo en el empleo se pasan por alto en el discurso público, perpetuando la percepción de los extranjeros como ciudadanos de segunda clase. Los trabajadores extranjeros suelen estar sobrecualificados y mal pagados: los hombres extranjeros ganan al menos un 20% menos y las mujeres extranjeras se enfrentan a una diferencia salarial del 30% en comparación con los nacionales. Aunque leyes como la Ley Reale combaten la incitación al odio, otras disposiciones legales más amplias también abordan la calumnia por motivos raciales, lo que oscurece el alcance total del problema.

En Lituania existen leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, garantizan la accesibilidad y proporcionan prestaciones. Sin embargo, persisten algunos problemas, como la baja participación en el mercado laboral, los altos índices de pobreza, la accesibilidad limitada a la atención sanitaria y la necesidad de reformas educativas integradoras. Se están realizando esfuerzos para combatir la discriminación y mejorar las políticas sociales.

Finlandia tenía alrededor de 392.000 extranjeros en 2018, lo que constituye el 7,1% de la población. El país cuenta con sólidas leyes contra la discriminación que protegen a las posibles víctimas. Las minorías étnicas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia. Los recién llegados reciben formación para la integración, que abarca el idioma, información social y habilidades laborales. Los niños inmigrantes tienen derecho a asistir a una escuela completa con clases de apoyo.

Finlandia da prioridad a la inclusión y el bienestar de las personas discapacitadas mediante leyes y sistemas de apoyo integrales. La Ley de Bienestar Social y la Ley de Servicios para Discapacitados garantizan la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Servicios como la vivienda, el transporte, la asistencia personal y la educación favorecen la accesibilidad y la vida independiente. La rehabilitación profesional contribuye a la integración laboral. Finlandia se centra en fomentar una sociedad integradora con igualdad de oportunidades, aunque persiste la preocupación por la violencia doméstica y los limitados delitos de odio contra las personas discapacitadas. El país aspira a proporcionar a todos los ciudadanos, independientemente de su discapacidad, una vida plena.

Aproximadamente 3,85 millones de personas en España, que representan el 8,5% de la población, están afectadas por algún nivel de discapacidad. España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007 y aprobó una ley en 2013 para promover la accesibilidad universal. Sin embargo, un pequeño porcentaje de edificios residenciales cumple las normas de accesibilidad. El sistema de protección social en España proporciona prestaciones no contributivas para apoyar a las personas con discapacidad que no tienen ingresos suficientes.

En Croacia, aproximadamente el 9,68% de la población tiene alguna discapacidad, y el país ha implantado un amplio sistema jurídico e instrumentos internacionales para proteger sus derechos. El Centro de Calidad de Vida sin Discapacidad ofrece servicios gratuitos de asesoramiento e integración. Existen pensiones de invalidez y ayudas de sustitución de ingresos para las personas con capacidad laboral reducida o perdida. Aunque se han hecho esfuerzos para promover la inclusión, persisten los retos, como demuestran los casos de violencia y exclusión. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ofrece garantías esenciales a las personas con discapacidad, abordando cuestiones de igualdad y discriminación.

En 2016, Suecia introdujo un plan nacional para combatir el racismo, la hostilidad y los delitos de odio. Este plan se centra en áreas estratégicas esbozadas por el Gobierno. La política de integración sueca da prioridad a la mejora de las oportunidades de empleo para los refugiados reconocidos y los beneficiarios de protección subsidiaria. Aunque los casos denunciados de violencia con motivación racista disminuyeron de 703 (2011) a 588 (2015), la violencia contra personas negras aumentó ligeramente. Han aumentado los incidentes de incitación al odio, especialmente debido a la crisis migratoria, dirigidos contra migrantes, musulmanes, personas de raza negra y romaníes. El odio antisemita sigue siendo un problema y persisten los casos de violencia racista.

Malta ocupa el puesto 15 en el Índice de Igualdad de Género de la UE, con una puntuación de 63,4, aunque está 4,5 puntos por debajo de la media de la UE. El país ha realizado progresos constantes en materia de igualdad de género desde 2010. En política, la representación femenina en el Parlamento nacional ha sido baja, con solo 10 mujeres entre 57 hombres.Las mujeres de Malta obtuvieron el derecho al voto en 1947, y desde entonces han hecho progresos políticos. El permiso de maternidad dura 18 semanas, y también hay permiso por nacimiento para los padres. La educación está protegida contra la discriminación por la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, y la violencia de género se aborda en la Ley de Violencia de Género y Violencia Doméstica. El uso de los servicios de violencia doméstica indica que más mujeres buscan ayuda que hombres (2.309 frente a 610). Malta prohíbe totalmente el aborto sin excepciones, aunque se ha anunciado su revisión.

La puntuación del Índice de Igualdad de Género de Italia es de 63,8 sobre 100. La representación política de las mujeres está aumentando: el 36% de los miembros del Parlamento y el 46% de los ministros son mujeres. La introducción de cuotas obligatorias en los consejos de administración de empresas y gobiernos locales ha mejorado el equilibrio de género. La participación política de las mujeres se remonta a 1946, pero Italia nunca ha tenido una primera ministra o presidenta.El permiso parental incluye 5 meses de prestación por maternidad y 7 días de permiso obligatorio remunerado para los padres. La educación muestra una pequeña diferencia de género en los titulados superiores (16% mujeres, 14% hombres). La legislación sobre violencia de género evolucionó, reconociendo la violencia sexual en 1996 e introduciendo leyes contra el acoso en 2009. El Convenio de Estambul se adoptó en 2013.La salud de la mujer en Italia se centra en gran medida en la ginecología y la salud reproductiva. El aborto está regulado desde 1978, pero la objeción de conciencia y las restricciones dificultan su aplicación. La ley de 2004 sobre tecnologías de reproducción asistida (TRA) se ha modificado debido a la preocupación por la salud de las mujeres.

En 2014, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario de Finlandia, una iniciativa ciudadana, que dio lugar a la Ley de Matrimonio de Género Neutro en 2017, que permite a las parejas del mismo sexo adoptar niños. Una encuesta del Eurobarómetro en 2019 indicó un fuerte apoyo a los derechos LGBTQ+, con el 80% de los finlandeses a favor de la igualdad de derechos y el 76% respaldando el matrimonio entre personas del mismo sexo. La homosexualidad se despenalizó en 1971, se eliminó de la clasificación de enfermedades mentales en 1981, y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género se penalizó en 1995 y 2005, respectivamente. Aunque la Ley de Transexualidad de 2003 permitió el reconocimiento legal de las personas "transexuales", los cambios recientes han eliminado las pruebas médicas obligatorias y la esterilización. Finlandia sigue empleando predominantemente una clasificación de género binaria en los documentos oficiales, a pesar de que en algunos casos existe la opción de "

Malta se dedica a salvaguardar los derechos de las personas discapacitadas y a fomentar la inclusión. La Ley de Igualdad de Oportunidades (Personas con Discapacidad) de 2000 combate la discriminación por discapacidad. La accesibilidad está garantizada por el Reglamento de Normas de Accesibilidad para Todos en un Entorno Construido de 2019. El sistema educativo prioriza la inclusión, con muchas personas declaradas en clases ordinarias. Malta está trabajando para lograr la inclusión social, económica y política en consonancia con la Meta 10.2 de los ODS. El país apoya el empleo de las personas con discapacidad mediante cuotas y aborda los abusos a través de la Ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los continuos esfuerzos se dirigen a reforzar la inclusión de las personas con discapacidad en Malta.

Los Países Bajos ocupan el 5º puesto en el Índice de Igualdad de Género de la UE con una puntuación de 74,1, superando la media de la UE en 6,2 puntos. Los avances en igualdad de género han sido lentos desde 2010. La representación femenina en la política varía: Parlamento Europeo (44,8% de mujeres), parlamentos nacionales (38,3%), asambleas regionales (33,4%) y ayuntamientos (30,9%). Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1919 y han progresado gracias a diversas victorias feministas, incluida la integración laboral.El permiso parental incluye 5 días de permiso de paternidad remunerado y otras 5 semanas de permiso no remunerado para padres o parejas. El nivel de estudios muestra que casi el 31% de los holandeses y holandesas tienen cualificaciones profesionales o universitarias superiores. La violencia de género sigue siendo motivo de preocupación, con denuncias de casos de acoso y violencia doméstica. Holanda destaca en el acceso a la sanidad y la igualdad de género, permitiendo a las mujeres interrumpir el embarazo hasta la semana 24.

Turquía ocupa el puesto 130 en el Índice Global de Brecha de Género 2020, con disparidades en participación económica, educación, brecha salarial, salud y empoderamiento político. La participación de las mujeres en la población activa y su alfabetización están por detrás de las de los hombres. La representación de las mujeres en la política es del 17,38%, en la gobernanza local es del 3,2%, y en los puestos clave de las empresas oscila entre el 11% y el 21,9%. Los avances en los derechos de la mujer desde 1930 incluyen el derecho al voto, la educación y el reconocimiento legal. La baja por maternidad se estableció en 1930; la baja por paternidad en 2015 (5 días privada, 10 días pública). La violencia de género es un problema, ya que el 38% sufrió violencia de pareja en 2019. Turquía lidera la violencia contra las mujeres en la OCDE. Medidas legales como la Ley 6284 pretenden prevenir la violencia. Las mujeres en Turquía tienen hasta 10 semanas de derecho al aborto y mejor acceso a la sanidad.

Los Países Bajos cuentan con una importante población de personas con discapacidad, y la discriminación por motivos de discapacidad está prohibida por ley. Sin embargo, sigue habiendo problemas, como una educación inclusiva limitada, la exclusión del mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual y la ausencia de una estrategia nacional en materia de discapacidad. Se han hecho esfuerzos para proporcionar apoyo y adaptaciones para que las personas discapacitadas participen plenamente en la sociedad. Aunque se han hecho progresos, aún se puede mejorar en ámbitos como la educación inclusiva y las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.

Aunque Turkiye reconoce las relaciones entre personas del mismo sexo, no incluye en su legislación civil ninguna expresión como orientación sexual o identidad de género, y no reconoce legalmente las uniones de parejas del mismo sexo. La homosexualidad se despenalizó en 1852. Es posible hacer coincidir el género legal con la identidad de género.El tercer género no está reconocido en los documentos legales.

Según el informe 2020, la discriminación racial y étnica en España ha empeorado en los últimos años, con un notable descenso en el acceso a la vivienda, según el Ministerio de Igualdad. La discriminación en el sector educativo aumentó más de un 50% desde 2013, y uno de cada cinco encuestados afirmó haber soportado insultos, agresiones y bromas racistas por parte de compañeros de clase, y haber sido excluido de juegos y actividades. Las personas procedentes del África subsahariana y de la comunidad gitana española, conocida localmente como gitanos, experimentaron los mayores niveles de racismo por su aspecto físico. En el último informe del Ministerio del Interior sobre la situación de los delitos de odio en España, incluso con un aumento de la infradenuncia debido al cierre de 2020, se muestra que el número de delitos de odio derivados de ideologías racistas y xenofobia ha aumentado desde 2019.