Brinda directrices concretas para la investigación de estos delitos y presenta, de forma homologada, las rutas que deben seguir todos los funcionarios de las instituciones involucradas, desde que ocurre una muerte violenta de mujeres o niñas.

Su aplicación puede asegurar, desde los primeros momentos de la investigación, que ésta se desarrolle bajo los estándares de protección a los derechos humanos y la reparación integral. 

Este material es una adaptación del Protocolo Latinoamericano, aprobada y validada por la Fiscalía General del Estado (FGE).