Mecanismos de observancia

TIMELINE

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Ley 23 de 1982

Ley DMCA 1998

Mecanismos de observancia

Ley Hadopi 2009

IPRED 2009

Consulta Pública AGCOM 2010

La Ley 23 de 1982 regula la protección a los derechos de autor y sus titulares en Colombia. Esta ley regula la posibilidad de interponer medidas cautelares antes de iniciar un proceso de conocimiento. Esta medida cautelar está dirigida a obtener mediante una orden judicial el retiro o la inhabilitación temporal de un contenido publicado en la red que infringe los derechos de autor. Esta ley además de proteger los derechos de autor por medio de las medidas cautelares dicta diversas disposiciones procesales sobre el procedimiento a seguir cuando existe una infracción a los derechos de autor y el titular de estos quiere demandar para ser reparado. Esta ley indica que el proceso será un proceso judicial de conocimiento que de acuerdo con el Código General del Proceso se tramitará como un proceso verbal de mayor o menor cuantía dependiendo de cada caso en específico. Por otro lado, las medidas cautelares mencionadas anteriormente que se encuentran en el artículo 244 de la mencionada ley, serán concedidas por el juez teniendo en cuenta no solo el componente fáctico de cada caso, pero también la carga indirecta que podrían tener tanto los prestadores de servicios como los usuarios y los suscriptores, y la efectividad técnica de la medida que el demandado pide que sea impuesta. Adicionalmente, el juez deberá tener en cuenta si existe otra medida menos gravosa para asegurar el derecho que está siendo vulnerado, pues, de ser así, el juez debe negar la medida cautelar y decretar la medida que considere menos gravosa. Varias de las implementaciones positivas que tiene la implementación de medidas cautelares en los procesos, es que otorga un cese de la vulneración de los derechos del demandante de forma provisional. Esto es de suma importancia pues debido al tráfico judicial el proceso puede tardar en solucionarse más de un año, lo que generaría la prolongación de la vulneración del derecho que debería estarse protegiendo durante el proceso judicial. Asimismo, el uso de las medidas cautelares evita el incumplimiento de lo decidido por el juez de acuerdo con la sentencia C-379/04 de la Corte Constitucional. De otra forma, una de las desventajas que trae consigo la implementación de medidas cautelares en procesos judiciales, específicamente en los procesos de conocimiento cuando existe una vulneración a los derechos de autor en internet es que, por el uso de pseudónimos o de anonimato por parte de quienes vulneran los derechos de autor. Si bien es posible rastrear al infractor por parte de la dirección IP que este usó, estos datos deben ser dados únicamente por el proveedor de servicio de red. Lo anterior constituye un problema, pues, bajo el derecho de confidencialidad de datos personales los proveedores del servicio no están obligados a otorgar dicha información a quien la busca a menos de que sea pedida de oficio por el juez. Si bien el juez podría pedirla de oficio, en Colombia, de acuerdo con el Código General del Proceso, demandar a un individuo desconocido del que no se tiene ningún dato más que el pseudónimo que este usa para infringir los derechos de autor en internet.

El Digital Millennium Copyright Act (DMCA) es una ley federal que regula los derechos de autor en Estados Unidos que implementa los tratados de la OMPI de 1996 . Además, protege los derechos de autor por medios electrónicos. Es decir, protege las obras de las posibles infracciones que se puedan cometer haciendo uso de la red o el internet. El DMCA no sólo sanciona las infracciones cometidas al derecho de reproducción, incluye además sanciones contra la producción y distribución de instrumentos que permitan transgredir las medidas de protección a los derechos de autor por medios digitales. La DMCA se encuentra dividida en cinco títulos entre los cuales se encuentra la implementación de los tratados de la OMPI sobre los derechos de autor y sobre la interpretación o ejecución y fonogramas, la ley sobre las limitaciones y la responsabilidad a la violación de los derechos de autor en línea entre otros. En cuanto al segundo título mencionado anteriormente, cabe aclarar que esta ley busca crear diversas regulaciones no sólo para quien infringe los derechos de autor, pero también para los proveedores de servicios de internet OPS e ISP. Asimismo, esta ley introduce un procedimiento llamado notice and takedown que consiste en un sistema de notificaciones que hace el autor de una obra protegida por las infracciones que se estén cometiendo. Estas notificaciones se hacen llegar a los proveedores de servicio quienes deben bajar de la red el contenido que vulnera los derechos de autor so pena de ser declarado negligente de las violaciones reportadas (art. 512 DMCA). El proceso notice and takedown sirve como un incentivo a los proveedores del servicio de internet ISP por haber colaborado con los titulares de los derechos de autor bajando el contenido infractor de la red. Así, el proveedor que colabora será exonerado de cualquier responsabilidad civil que le pueda ser imputable. Si, por el contrario, no colabora, será considerado negligente por lo que si podrá ser condenado bajo responsabilidad civil contractual o extracontractual. Adicionalmente, este mecanismo es extrajudicial lo que genera diversas ventajas tales como la descongestión del sistema judicial pues es el usuario el que solicita que se baje el contenido infractor mediante una comunicación escrita. El proveedor del servicio es libre de decidir si quiere aceptar o no esta medida teniendo en cuenta que de hacerlo será exonerado de cualquier responsabilidad civil por la que pueda ser condenado. Si por otro, el proveedor decide no bajar el contenido infractor, el titular podrá acudir a la jurisdicción y pedir la medida cautelar ante un juez. Adicionalmente, no se afecta el derecho a la defensa del supuesto infractor pues este debe ser notificado por el prestador de servicios de internet y puede remitir a dicho proveedor una solicitud de restablecimiento del contenido. Sin embargo, el gran problema que tiene este mecanismo de observancia es que puede ser usado para impedir la competencia o innovación por grandes empresas como Apple, Sony, LG, entre otras de pequeñas empresas centrándose en la infracción a los derechos de autor. Un gran ejemplo de esto es el uso de la DMCA para impedir la venta de cartuchos tóner de impresoras láser.

HADOPI es una entidad francesa denominada Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet. Entre las funciones de esta autoridad se encuentra la protección de las obras contra las infracciones de los derechos de autor en internet. La innovación que trae consigo la creación de esta autoridad es la introducción de una pena adicional que consiste en la suspensión del acceso a internet por máximo un año para quien vulnera los derechos de autor. Una de las funciones de esta alta autoridad es estimular el desarrollo de la oferta legal y además observar la utilización lícita e ilícita de obras protegidas por el derecho de autor en la red y proteger las obras contra la vulneración de derechos de autor en internet. Además, Hadopi puede recomendar modificaciones legislativas sobre los asuntos que le competen. Dentro de las ventajas se encuentra que el proceso que maneja es extrajudicial en el que los titulares de los derechos vulnerados avisan a las entidades correspondientes de la infracción y estas activan un mecanismo para rastrear e identificar a quien haya cometido la vulneración. Uno de sus grandes problemas es que la única entidad que puede solicitar a los proveedores de servicios de internet información personal de la persona entre las que se encuentra su identidad es Hadopi, por lo que el trámite puede hacerse engorroso y largo ya que las vulneraciones a obras protegidas por el derecho de autor ocurren con frecuencia. Además, Hadopi ha demostrado tener problemas de seguridad en cuanto al resguardo de direcciones IP y datos de la identidad personal de los individuos pues ya ha sido hackeada anteriormente (Numerama, 2011). Finalmente, el gran debate de la implementación de esta autoridad es que se ha alegado que se restringe el derecho a la libre expresión de los internautas pues el contenido se baja y al internauta lo inhabilitan hasta que se pueda apelar la orden.

Esta ley, que no opera retroactivamente, permite al titular de derechos patrimoniales y morales de una obra, acudir a un tribunal para solicitar que se conmine a un servidor en internet revelar la identidad de una dirección IP que haya compartido archivos de manera ilegal. Asimismo, esta ley permite el reclamo de lo que se conoce como daño real, y presentar una demanda. Esta ley generó un aumento del 57% de las ventas de música en Suecia durante el primer semestre del 2009.

La AGCOM, entidad encargada de las comunicaciones en Italia, sometió a consulta pública la decisión No. 668/2010 que en su sección 3.5 permite que las autoridades impidan de manera automática y sin protocolo alguno, el acceso a sitios web por fuera del ordenamiento italiano. Asimismo, permite eliminar los contenidos disponibles en internet si se sospecha que violan derechos de autor. El proceso de prohibiciones se materializa a través de un recurso hecho por el titular de los derechos y se ejecuta en cinco días sin necesidad de interacción alguna con las autoridades judiciales.

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Acuerdo EIRCOM-IRMA 2011

Ley Lleras 2011

Proyecto de ley SOPA 2011

Ley SINDE 2011

Proyecto de ley PIPA 2011

Se trata de un acuerdo entre una compañía irlandesa y EIRCOM en donde IRMA le proporcionaría a EIRCOM direcciones IP para identificar a los usuarios, quienes recibirán advertencias por descargas ilegales. De esta manera, si las advertencias son ignoradas el servicio será suspendido por siete días. Si vuelve a ocurrir lo mismo, el servicio será suspendido por doce meses. Lo que se critica de este acuerdo es que se basa en quejas y no en órdenes judiciales. Adicionalmente, la sanción no es individualizada lo que genera una afectación a todo un establecimiento de comercio o un hogar. Esta política se conoció como el Three Strikes Rule, adoptada en 2010.

Esta hace referencia a una serie de proyectos de ley que modifican el derecho de autor, siendo el primero el Proyecto de ley 241 de 2011 “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”. Estas regulaciones buscaban ante todo regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet frente a las infracciones de derechos de autor de los usuarios. En esta, se contemplaba sanciones a infractores de derechos de autor cuando exista propósito de lucro. Sin embargo, este proyecto incluye la suspensión de servicios de internet para reincidentes, decisión que se deja en manos de los mismos proveedores. En ese sentido, frente a una amenaza o vulneración a los derechos de autor o conexos con ánimo de lucro, el titular de estos derechos presentaría una reclamación frente a la proveedora de servicios de internet para que sea esta quien tomara una decisión sobre el caso. Además, el proveedor de internet se veía obligado a incluir dentro de los contratos cláusulas que regulasen la terminación del contrato frente a infractores reincidentes so pena de considerarse copartícipe penal y civilmente de la infracción. Por otro lado, si el proveedor de servicios considera que existe una infracción, se encontraba en la obligación de retirar o bloquear el contenido infractor, en caso contrario sería copartícipe de la infracción, y tiene 72 horas para avisar al usuario presuntamente infractor. Finalmente, si el usuario infractor apela con argumentos y no existe fallo de un juez amparando los derechos del titular, el proveedor debe restablecer el servicio en 14 días. El proyecto terminó hundiéndose pues presentaba una restricción fuerte a la libertad de expresión, especialmente en redes sociales, sumándole una fuerte oposición de grupos como Anonymous.

Es un proyecto de ley americano denominado Stop Online Piracy Act o SOPA por sus siglas que buscaba expandir las capacidades de la ley americana en términos de combatir el tráfico de contenidos de derecho de autor y bienes falsificados en internet. Este proyecto permitiría la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que reflejaban las ganancias del sitio infractor, además del bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de diferentes motores de búsqueda. Incluye además la posibilidad de que el titular del derecho de autor pueda conseguir una orden judicial para lograr que los proveedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor de estos derechos. Esta ley podría extender las existentes leyes penales, llegando a incluir al streaming de material con derechos como posible penalización y logrando imponer una pena de hasta cinco años en prisión. Así, los proveedores de internet podrían registrar toda la actividad de sus usuarios en línea para corroborar que en ningún momento se estuviera violando las leyes de propiedad intelectual. En ese sentido, es evidente cómo se ven amenazados los derechos a la libertad de expresión, la inversión y las innovaciones en Internet, pues permite a la justicia el bloqueo del acceso a un dominio completo solo por una infracción en una única página web.

La Ley Sinde es una sección de la Ley de Economía Sostenible, presentada ante el Congreso de España en noviembre de 2009. La ley incluye nuevas herramientas para combatir las descargas ilegales de obras protegidas por internet. Con esta ley, se crea la Comisión de Propiedad Intelectual quien se encarga de evaluar las peticiones que hagan los titulares de derechos de autor cuando alegan que se están vulnerando sus derechos mediante páginas de internet. Esta comisión luego toma una decisión en cuanto al caso que luego debe ser aprobada por un juez. Una vez surtido este trámite, se puede ordenar a los proveedores de servicio de internet que retiren la página dentro de un plazo de 48 horas. Adicionalmente, la ley generó bastante polémica en España, ya que la ley también permite ordenar a los proveedores de servicio de internet que revelen la información sobre personas individuales que violen derechos de autor mediante páginas de internet. Esta parte específica de la ley viola el precedente establecido por la Corte Suprema de la Unión Europea. Finalmente, la Ley Sinde entró en vigencia el 30 de diciembre de 2011.

El Protect Intellectual Property Act fue un proyecto de ley que se radicó ante el Congreso de EEUU en mayo de 2011. El proyecto tenía como finalidad darle más herramientas a las autoridades para impedir el acceso a páginas de internet que se dedican a vender o exponer copias ilegales o bienes piratas - particularmente aquellas páginas que se encuentran registradas por fuera de EEUU. Este proyecto hubiera permitido a los jueces imponer medidas para atacar estas páginas incluso cuando no se pudiera localizar a su operador. Entre otras cosas, los jueces podrían ordenar a los proveedores del servicio de internet que bloqueen el acceso a las páginas, así como ordenarle a entidades financieras y compañías publicitarias que cesen la realización de transacciones monetarias con los operadores de estas páginas. Por último, a los jueces se les hubiera permitido ordenarle a search engines como Google, deshabilitar el acceso a estas páginas por medio de sus buscadores. Es decir, la página ya no se podría buscar por Google. A comienzos de 2012, antes de que se debatiera el proyecto, surgió una fuerte oposición al proyecto por parte de varias personas, congresistas y organizaciones por lo cual finalmente fue retirado.

Referencias

Affaire TMG / Hadopi: la CNIL va-t-elle enfin dire stop?, Recuperado de: www.numerama.com/magazine/18802-affaire-TMG-hadopi-la-CNIL-va-t-elle-enfin-dire-stop.htmlCorte Constitucional, Sala Plena. (27 de abril de 2004) Sentencia C-379/04. [MP Alfredo Beltrán Sierra] N.A. (S.F). ACCIONES Y MECANISMOS PARA LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR EN EL ENTORNO DIGITAL

Laura Rincon - 201812057Ana Juliana Ortiz - 201730832Andrea Estrada - 201727888Mateo Galvis - 201632931