Línea de tiempo: La historia de la Universidad de Buenos Aires

Un recorrido por su historia, hasta la vuelta a la Democracia.

Universidad de Buenos Aires

1983

1976

1973

1955

1943

1918

1880

1821

Fuente: Programa Historia y memoria, UBA.

Fuente: Programa historia y memoria, UBA. La Universidad de Buenos Aires fue creada por un decreto del gobierno de la Provincia el 9 de agosto de 1821 y quedó formalmente inaugurada con un acto en la Iglesia de San Ignacio el 12 de ese mismo mes. El gobierno designó como primer rector de la Universidad de Buenos Aires al presbítero Antonio Saénz, un prestigioso sacerdote que había sido comisionado en 1816. La organización se hizo a través de departamentos, a diferencia de la clásica división en facultades, propia de las universidades desde los tiempos medievales. Estaba compuesta por los departamentos de Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas. La UBA nació así con una impronta distinta a la de la Universidad de Córdoba, que era una clásica universidad colonial, fundada sobre el viejo modelo de la universidad escolástica, cuya principal rama de estudios había sido, hasta finales del siglo XVIII, la Teología. La casa de altos estudios porteña surgió, en cambio, con un sello más “utilitarista” y “profesionalista” que su símil cordobés. La Universidad de Buenos Aires no se mantuvo al margen de los conflictos políticos que atravesaron a la provincia durante toda la primera mitad del siglo XIX. La inestabilidad institucional y administrativa, derivada de las guerras civiles, tuvo un impacto profundo y afectó negativamente sus actividades. Tal vez el momento más dramático de esta etapa se produjo cuando el gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, en el año 1838, en el contexto del bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, resolvió suspender la partida que sostenía su funcionamiento en el presupuesto estatal. Específicamente, suprimió la dotación de los empleados disponiendo que aquellas cátedras que no pudiesen ser sostenidas por los alumnos debían cesar en sus actividades. El presupuesto de la Universidad pasó de 35.000 pesos anuales a 2.900. Pero la casa de estudios logró mantener su funcionamiento gracias a los aportes de sus estudiantes, a los recursos obtenidos a través de suscripciones públicas y a la colaboración de varios profesores que aceptaron dar sus clases en forma gratuita. A pesar de las condiciones precarias en las que desarrollaba sus actividades, la Universidad cumplió un papel central en la socialización de las clases dirigentes porteñas durante las décadas centrales del siglo XIX. El creciente número de graduados da testimonio de esta importancia. Entre 1831 y 1837 se graduaron entre 11 y 12 estudiantes en el departamento de Jurisprudencia, en 1850 fueron 18 y 17 en 1852. En el de Medicina egresaron un promedio de 11 estudiantes entre 1838 y 1852. Este papel central en la formación de las élites se acentuó después de 1852 cuando, una vez derrocado el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el país entró en una nueva etapa signada por el comienzo de la organización constitucional y la conformación del estado nacional. Un momento singularmente importante en la vida de la institución se produjo cuando Juan M. Gutiérrez fue designado rector en el año 1861. El proceso de liberación de la universidad de la influencia eclesiástica tomó un nuevo impulso ya que, a partir de este momento, comenzó el desarrollo de los estudios científicos en el sentido moderno. Probablemente, la principal innovación de esta etapa fue la creación de un nuevo departamento de Ciencias Exactas. Gutiérrez también se preocupó por avanzar en la modificación de la estructura administrativa y de gobierno de la institución. En 1865 elaboró un reglamento universitario que establecía que la institución sería gobernada por un Consejo de catedráticos que presidiría el rector. Años después, elevó un proyecto de ley en el que contemplaba a los concursos como mecanismo para la provisión de profesores. De esta forma, quedaban sentadas las bases para el proceso de modernización de la Universidad. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

Durante la década de 1880, la Universidad de Buenos Aires experimentó cambios sustanciales. En gran medida, estuvieron vinculados con su nacionalización. A partir de esos años comenzaron también a imponerse, desde el estado nacional, una serie de leyes y medidas específicas que tenían como propósito principal asegurar la constitución de un sistema educativo de carácter laico. En este contexto, se produjo la sanción de la Ley 1420 de educación primaria gratuita, obligatoria y laica. En 1884 tuvo lugar un conflictivo episodio en la Universidad Nacional de Córdoba. La tesis de doctorado de Ramón J. Cárcano, “La igualdad de los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos”, no fue aceptada en base al argumento de que una “Institución católica” no podía aprobar argumentos como los que se exponían en la tesis. El episodio tuvo una notable repercusión. El gobierno nacional intervino defendiendo a Cárcano, la tesis fue aprobada y tres profesores universitarios cordobeses, que habían manifestado su oposición a las tendencias secularizantes de las políticas del Estado Nacional fueron expulsados de la institución. Fue así que las universidades nacionales terminaron de romper los lazos que las vinculaban estrechamente a la Iglesia Católica. Poco tiempo después se sancionó la llamada Ley Avellaneda, a partir de un proyecto presentado por el entonces senador y también rector de la casa de altos estudios porteña. Se trataba del primer instrumento legal destinado a regir el funcionamiento de las dos universidades nacionales existentes. Sobre esa base, las dos universidades sancionaron nuevos estatutos. Se determinó que una asamblea integrada por los miembros de las llamadas Facultades o Consejos Académicos elegiría al rector; los Consejos Académicos estarían integrados por unos quince miembros, un tercio de ellos debería estar compuesto por los profesores que “dirigen aulas”y el resto estaría integrado por notables y figuras representativas de la sociedad. Quizás la principal limitación que la ley imponía a la autonomía universitaria consistía en que la designación de los profesores titulares recaía en el Poder Ejecutivo. Las normativas impuestas por la Ley Avellaneda establecían que el Consejo Superior, sobre la base de las recomendaciones de las academias, elevaba una terna y era el Gobierno Nacional quien conservaba la capacidad para, finalmente, designarlos. La UBA formaba médicos, abogados e ingenieros. Se trataba de la institución que certificaba la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. La crítica al profesionalismo fue el eje de la llamada “cuestión universitaria” de principios del siglo XX. Las universidades, en particular la UBA, fueron cuestionadas por su escaso apego a las actividades científicas y culturales. La lucha contra el profesionalismo fue un motivo central de la vida universitaria porteña de finales de siglo. En este contexto, debe comprenderse la creación, en 1896, de la Facultad de Filosofía y Letras. En principio, fue entendida como el lugar destinado a la práctica científica y a la “investigación desinteresada” dentro de la Universidad. La nueva Facultad debió afrontar graves dificultades para sobrevivir por la falta de inscriptos. Para revertir esa situación las autoridades resolvieron darle la posibilidad de formar profesores para enseñanza media en las disciplinas humanísticas. Pero otras creaciones institucionales de esta etapa también fortalecían las tendencias profesionalistas. En 1909 se creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y en 1913 se fundó la de Ciencias Económicas. En 1911, mientras tanto, la Universidad incorporó a la institución de enseñanza media más antigua y prestigiosa de la Ciudad: el Colegio Nacional Buenos Aires. La matrícula de la Universidad creció lentamente durante estos años. En 1918 contaba con cerca de seis mil alumnos, de los ocho mil registrados en el país, cuando el censo de 1914 ya registraba casi 8 millones de habitantes. La enseñanza superior estaba reservada a una pequeña élite, aunque no se trataba de una institución cerrada en base a prejuicios de origen étnico o de clase. La vía del estudio y de la obtención del título profesional era una de las privilegiadas para el ascenso social por parte de los hijos de inmigrantes. La presencia estudiantil, por otra parte, se hacía sentir con fuerza ya en aquellos primeros años del siglo en la Ciudad. Los centros de estudiantes surgieron durante aquella década. La consecuencia de estos movimientos fue una primera reforma de los estatutos de la UBA que finalizó en 1906. El control de las facultades pasó entonces a depender de los Consejos Directivos. Sus integrantes se renovarían en forma periódica sobre la base de la elección de la Asamblea de Profesores. La renovación de los estatutos permitió un primer proceso de modernización institucional de la Universidad y posibilitó que sus conflictos internos no adquirieran la violencia que tomaron a partir de 1918 en la casa de altos estudios cordobesa. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

Fuente: Wikipedia. Rectorado de la UBA (hacia 1900), sede Viamonte. Desde principios de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba se rebelaron contra el régimen disciplinario que se les imponía; también cuestionaron la naturaleza del sistema de enseñanza y las arbitrariedades de los profesores. El gobierno de Hipólito Yrigoyen intervino en abril de ese año e impuso un nuevo estatuto similar al que regía desde 1906 en la UBA. Pero los profesores, en quienes descansaba a partir de entonces el gobierno de la Universidad, eligieron para conducirla a los mismos sectores que la habían controlado hasta la intervención. Esto provocó una nueva revuelta estudiantil y una nueva intervención a cargo ahora del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan J. Salinas quien, con el apoyo estudiantil, sancionó un nuevo estatuto. En este, la elección de los miembros de los Consejos recaía en una asamblea integrada en partes iguales por profesores titulares, profesores suplentes y estudiantes. La participación estudiantil era considerada así como la única garantía de la renovación universitaria. Los estatutos que consagraban la participación estudiantil en la elección de las autoridades universitarias se impusieron en las otras dos universidades nacionales: La Plata y Buenos Aires. En la UBA, el proceso no tuvo las aristas conflictivas que presentó en el caso cordobés y que tendría incluso en el platense. El principal punto de conflicto fue, sin duda, el de la intervención estudiantil en el gobierno. Sin embargo, las transformaciones que conllevó la reforma contaron con un consenso amplio entre sus profesores y directivos. Los reformistas sostuvieron un programa de transformación amplio de la vida universitaria. Sus críticas retomaban muchos de los cuestionamientos vigentes desde finales del siglo anterior, como el vinculado con el profesionalismo y el escaso lugar que, en la vida académica, tenía la práctica de la ciencia y de las humanidades. La Universidad de la Reforma se propuso darle un nuevo impulso a estas actividades. En 1921 se creó el Instituto de Investigaciones Históricas; en 1922 los de Literatura Argentina y el de Filología Hispánica. También en 1921, Bernardo Houssay reorganizaría el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina. La contratación de profesores extranjeros con el propósito de formar núcleos de especialistas en diferentes áreas científicas fue también un rasgo de la época. De todos modos, las tendencias profesionalistas estaban profundamente arraigadas en el cuerpo universitario. Cabe destacar que la Reforma creó una intensa vida electoral y política en el interior de las casas de estudios. Las facultades impusieron nuevas reglamentaciones para la designación de auxiliares y de profesores suplentes. Estas normativas contemplaban a menudo la sustanciación de concursos para la provisión de estos cargos. Nuevos profesionales, graduados recientes de la institución, muchos de ellos hijos de inmigrantes y sin vínculos familiares directos con las élites tradicionales, comenzaron a ocupar los cargos de gobiernos y los puestos de catedráticos. De todos modos, el crecimiento de la matrícula universitaria, aunque sostenido, siguió siendo lento. Contra lo que se ha señalado en diversas oportunidades, la Universidad de la Reforma no impuso la gratuidad de los estudios universitarios que siguieron siendo arancelados, aunque los montos no eran muy significativos. Tampoco se impuso el ingreso directo. Las instituciones de la Reforma rigieron la vida universitaria durante toda la década de 1920. Poco tiempo después del golpe de septiembre de 1930, la Universidad fue intervenida. El interventor designado, Benito Nazar Anchorena, cesanteó y persiguió a docentes y estudiantes. Luego de finalizado el periodo del gobierno del general Uriburu, la Universidad fue normalizada y la gran mayoría de los expulsados fue reincorporada. Durante la llamada década infame los estatutos reformistas fueron nuevamente impuestos y los sectores que gobernaron la Universidad durante los años veinte volvieron a administrar la institución durante los treinta. De todas formas, el clima político que se vivía en la Universidad era distinto. Las disputas dentro del movimiento estudiantil se aceleraron con el impacto de los acontecimientos internacionales, como la guerra civil española o el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los antiguos dirigentes reformistas, convertidos ahora en autoridades de la Universidad, comenzaron a hacer oír sus voces críticas sobre la actualidad de la institución. Por último, cabe destacar que uno de los aspectos significativos de la Universidad de la Reforma está relacionado con la política de extensión que proponía actividades científicas y culturales. Durante los años treinta estas actividades fueron perdiendo impulso a raíz del impacto de los conflictos políticos y de los embates de sectores conservadores sobre la Institución. Sin embargo, cabe destacar que el mundo universitario seguía conservando un funcionamiento autónomo y, hasta cierto punto, independiente de la coyuntura política hasta 1943. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

El 4 de junio de 1943, el gobierno de Ramón Castillo fue derrocado por un golpe militar. Muchos de los miembros de la comunidad universitaria porteña que habían mirado con cierta expectativa al nuevo régimen, se situaron rápidamente en la oposición. Las nuevas autoridades promovieron un proceso de “confesionalización” del sistema educativo. La enseñanza religiosa fue impuesta en las escuelas primarias y a la UBA se le asignó un abogado de los círculos católicos como interventor. En consonancia con las disposiciones tomadas a nivel nacional, se introdujo la enseñanza de la religión católica en los colegios universitarios y se ordenó la participación de la casa de altos estudios en la festividad de Corpus Christi. Las nuevas autoridades universitarias se oponían al principio de la libertad de cátedra, a los postulados reformistas y defendían una concepción autoritaria y jerárquica de la vida académica. Cesantearon a docentes y expulsaron a estudiantes por motivos políticos. También clausuraron los centros de estudiantes. Los universitarios porteños resistieron las medidas que procuraron implementar y el gobierno, jaqueado por las protestas opositoras, impulsó un proceso de normalización de la Universidad sobre la base del antiguo estatuto, ligeramente modificado, y dispuso la reincorporación de los docentes cesanteados. Los grupos reformistas retomaron el control de la institución y Horacio Rivarola, que representaba a los sectores más moderados en su política ante el Gobierno Nacional, fue electo rector, ganándole la pulseada a Bernardo Houssay. Por aquel entonces, Juan D. Perón se convertiría en candidato a presidente de la Nación, su victoria en las elecciones de 1946 dejaría a la comunidad universitaria en el sector de los derrotados. En abril de ese año, la Universidad de Buenos Aires sería nuevamente intervenida, al igual que el resto de las universidades nacionales. Al fundamentar la decisión, el Poder Ejecutivo sostenía la necesidad de asegurar la neutralidad política en los claustros y de reestructurar el sistema universitario modificando las normativas vigentes. En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, esta tarea fue encomendada a Oscar Ivannisevich. En diversos aspectos, el ascenso del peronismo introdujo cambios fundamentales en la vida universitaria. En principio, modificó la naturaleza de la relación entre la vida universitaria y la vida política. Con limitaciones, la Universidad había conservado un grado de autonomía importante con respecto a los cambios en las coyunturas políticas. A partir de entonces, esa autonomía se perdió. Quizás una de las expresiones más contundentes de esa pérdida se expresó en el desplazamiento, por razones y causas políticas, de un núcleo numeroso de profesores de la institución. A través de cesantías, presiones más o menos encubiertas o jubilaciones anticipadas, se apartó a un grupo relevante que se desempeñaba prácticamente desde los tiempos de la Reforma. Esto provocó un recambio significativo del cuerpo docente de la Universidad. El peronismo sostuvo una visión crítica de la universidad reformista. La cuestionó por su carácter de élite, por su excesiva politización, por su anticlericalismo, pero también por su orientación predominantemente profesionalista. En 1947, se sancionó una nueva ley, la 13031, que terminó con los principios reformistas y sujetó a las universidades al Poder Ejecutivo, otorgándole a este último la potestad para elegir al rector. La ley también limitó la participación estudiantil en los Consejos Directivos a un solo representante designado entre los estudiantes del último año con las mejores calificaciones. Tiempo después, se estableció la gratuidad de los estudios universitarios y se llegó también a suprimir, por un breve período, el examen de ingreso. Gracias a estas medidas, se produjo una ampliación constante y significativa del número de estudiantes universitarios. Al finalizar 1955, la UBA contaba ya con casi 72000 estudiantes. Por otro lado, se intentó durante estos años avanzar en la modificación del perfil de las universidades, en particular de la UBA. Fueron creadas nuevas facultades, sobre todo en base a la división de unidades ya existentes. En septiembre de 1946, se sancionó la ley que permitió la creación de la Facultad de Odontología, en 1948 se creó la de Arquitectura y en 1952, la de Ciencias Exactas fue dividida en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e Ingeniería. El peronismo buscó mantener cierta neutralidad política en los claustros y la adhesión a determinados actos de gobierno, como la reelección de Perón. Pero no forzó, al menos hasta sus últimos años en el gobierno, la adhesión masiva de los universitarios a sus políticas. En lo que respecta a los estudiantes, las organizaciones tradicionales, como la FUA y la FUBA, se mantuvieron en una situación de semiclandestinidad. Se intentó crear una central estudiantil, la Confederación Universitaria Argentina (CGU) favorable al gobierno, pero fracasó ya que muy pocos estudiantes aceptaron ingresar a la nueva organización. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

En septiembre de 1955, el gobierno de Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar. Las universidades fueron ocupadas, poco después de este episodio, por grupos de estudiantes y graduados que simpatizaban con el nuevo gobierno. En reconocimiento, probablemente a la militancia opositora de las organizaciones estudiantiles frente al peronismo, el gobierno les dio intervención en la designación de las nuevas autoridades universitarias. En la UBA fue designado interventor, a partir de una terna presentada por la FUBA, el historiador José Luis Romero. Se inició entonces un proceso de desplazamiento de docentes y administrativos vinculados con el gobierno derrocado. El nuevo régimen sancionó un decreto que reestableció la autonomía universitaria, dispuso que las casas de estudios serían gobernadas por sus diplomados, estudiantes y profesores, y también determinó que los docentes serían designados por concursos por las mismas casas de estudios. Este decreto incluyó un artículo, el 28, en el que se estableció que la iniciativa privada podría crear universidades libres. Este artículo provocó la oposición de gran parte de la comunidad universitaria y fue el que generó la renuncia de Romero. Años más tarde, en 1958, el gobierno de Arturo Frondizi reglamentó, a través de una ley, las condiciones para la creación de las universidades privadas. Las autoridades de la UBA, lideradas por el hermano del entonces presidente, encabezaron la oposición a esta nueva ley. Sobre la base de los nuevos estatutos, la Universidad inició un proceso de normalización que culminó con la elección del filósofo Risieri Frondizi como rector a finales de 1957. La idea de transformar a la Universidad en un ámbito consagrado a la producción de conocimiento científico fue uno de los objetivos de las nuevas gestiones. Las dedicaciones exclusivas (solo había 9 profesores en esa condición en la UBA en 1958) se incrementaron exponencialmente. Este régimen suponía ahora que el profesor dedicaba la mayor parte de su tiempo disponible a la investigación original. Se organizaron también programas de becas para jóvenes investigadores destinados a su formación científica y perfeccionamiento. En 1957 se creó la Facultad de Farmacia y Bioquímica y, en la Facultad de Filosofía y Letras, las carreras de Sociología y Psicología. El Conicet, fundado en 1958, apoyó fuertemente el desarrollo de la actividad científica en la Universidad a través de la concesión de fondos para el equipamiento y de su política de becas. En 1958, se creó la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y, en Ciencias Exactas, se conformaron los Institutos del Cálculo y Biología Marina. El número de estudiantes también experimentó durante estos años un crecimiento sostenido. Otras transformaciones de aquellos años fueron la creación del Departamento de Orientación Vocacional, el nuevo Departamento de Extensión Universitaria y la creación de la Editorial Universitaria (Eudeba). El inicio de las obras de la Ciudad Universitaria, destinada a resolver los problemas presupuestarios y edilicios vinculados, entre otros aspectos, con el crecimiento de la matrícula, fue otro aspecto significativo de esta etapa. Este ambicioso programa de transformación universitaria encontró límites rápidamente. Sectores del movimiento estudiantil tacharon a gran parte de las políticas universitarias, de cientificistas señalando que promovían una actividad ajena a los intereses de la realidad nacional. Estas polémicas estuvieron vinculadas a la recepción y utilización de fondos de fundaciones extranjeras por parte de algunos grupos de investigación en Filosofía y Letras y en Ciencias Exactas. El contexto político comenzó así a impactar, nuevamente, de manera decisiva en la vida universitaria hacia mediados de la década de 1960. Por esos años, y en el contexto de la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional comenzó a influir en el pensamiento de los militares argentinos. En este marco, la Universidad, en particular la de Buenos Aires, comenzaba a ser percibida como un espacio controlado por grupos revolucionarios a los que se debía neutralizar. En este contexto, en junio de 1966, el Consejo Directivo de la Universidad se pronunció en contra del golpe militar que derrocó al Dr. Arturo Illia y designó presidente al general Juan Carlos Onganía. Un mes después, el nuevo gobierno decretó la disolución de los organismos de gobierno universitario. Dispuso además que los rectores se transformasen en interventores y se sometiesen así a las autoridades del Ministerio de Educación. El rector de la UBA, Hilario Fernández Long, rechazó la disposición y se alejó de su cargo. Algunas facultades, como Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura y Ciencias Exactas fueron tomadas por grupos de estudiantes y docentes. La respuesta de las autoridades militares no se hizo esperar y los edificios fueron desalojados por la policía y el ejército en forma violenta. Los episodios más graves se vivieron en la Facultad de Ciencias Exactas. Más de ciento cincuenta personas, entre estudiantes y profesores, fueron detenidas y encarceladas aunque se las liberó horas más tarde. El acontecimiento es conocido con el nombre de La Noche de los Bastones Largos. La intervención y los episodios de violencia generaron una ola de renuncias en varias de las facultades. Más de 1300 docentes abandonaron sus cargos. La mitad de ellos, aproximadamente, desempeñaba sus tareas en las Facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Alrededor de trescientos docentes optaron por el exilio y se incorporaron a institutos y universidades del exterior. De este modo, terminó la experiencia renovadora iniciada en 1955. El gobierno encabezado por Onganía tenía entre sus objetivos centrales limitar el proceso de politización que había cobrado fuerza en las universidades. Durante este período se instaló un clima fuertemente represivo en todas las facultades, clausurándose los centros de estudiantes. En 1967 se sancionó una nueva ley universitaria tratando de construir un sistema de gobierno sostenido en el claustro docente. Se intentó, entonces, cooptar a un sector del profesorado en apoyo a la política del gobierno, pero el régimen no tuvo éxito en el intento. Los intentos de Onganía de disciplinar a los universitarios, finalmente fracasaron, y la resistencia se hizo notar en las universidades. Los estudiantes cumplieron un papel central en el Cordobazo, en mayo de 1969, que provocó, tiempo más tarde, la caída del gobierno de Onganía. Fuente: UBA. Ciudad Universitaria en construcción (1968). La Universidad de Buenos Aires vivió un proceso de intensa politización durante aquellos años. La matrícula siguió creciendo a pesar de los intentos limitacionistas de la Revolución Argentina. A finales de los años sesenta, con el propósito de descentralizar al sistema y evitar la concentración de grandes masas de estudiantes en los principales núcleos urbanos, se implementó un ambicioso plan de creación de nuevas universidades, algunas en centros urbanos menores y otros en la periferia de las grandes ciudades. En la UBA, las obras de construcción de Ciudad Universitaria se interrumpieron parcialmente con ese mismo propósito. Sin embargo, tampoco estas medidas lograron evitar el crecimiento sostenido de la matrícula ni la politización del estudiantado. Este último tuvo un papel central en las movilizaciones populares que obligaron al gobierno militar a dejar el poder. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

El 11 de marzo de 1973 el Frente Justicialista de Liberación Nacional ganó las elecciones presidenciales. Luego de la asunción del gobierno encabezado por Héctor J. Cámpora en mayo de ese año, las universidades fueron nuevamente intervenidas y el rectorado de la UBA fue asumido, durante un breve período, por el historiador Rodolfo Puiggrós. El control de la Institución quedó entonces en manos de aquellos sectores más comprometidos con el proyecto de transformación revolucionaria pregonado por el nuevo gobierno. Se suprimieron las restricciones al ingreso y se intentó impulsar un cambio profundo en las estructuras curriculares y en la organización del cuerpo docente. Durante los primeros meses de 1973, fueron expulsados los docentes más abiertamente identificados con la dictadura y, en una polémica disposición, también aquellos que, además de ejercer la docencia en la Universidad, trabajaban como empleados de empresas multinacionales. La Universidad fue rebautizada entonces bajo la denominación “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”. Los universitarios que lideraron este proyecto también procuraron llevar a cabo sus ideas sobre la relación entre la Universidad y la sociedad mediante una activa política de extensión que, si bien recuperaba experiencias previas, también introducía elementos novedosos. Los estudiantes de Arquitectura encararon programas de construcción de viviendas populares, mientras que los de Derecho instalaron consultorios de atención jurídica gratuita en barrios populares. La Facultad de Farmacia y Bioquímica, mientras tanto, construyó un laboratorio de medicamentos para apoyar el desarrollo de la industria farmacéutica nacional. Otro pilar fundamental de esta etapa, como ya señalamos, fue la supresión de los exámenes de ingreso. En 1974, la UBA recibió cuarenta mil nuevos estudiantes. Esta experiencia quedó presa de la tensión interna entre las diferentes facciones del peronismo, que se enfrentaron violentamente durante aquellos años. Rodolfo Puiggrós había sido obligado a renunciar a su cargo solo cuatro meses después de asumir. Fue reemplazado luego, durante un breve período, por Vicente Solano Lima y por Raúl Laguzzi. Este último sufrió un atentado que costó la vida de su hijo de tres meses de edad. Luego de la muerte de Perón, en julio de 1974, la ofensiva de la ultraderecha se hizo sentir sobre las instituciones universitarias, muchas de las cuales fueron nuevamente intervenidas. En Buenos Aires, ese puesto recayó en Alberto Ottalagano, un oscuro personaje vinculado a grupos de extrema derecha. El interventor designado entonces en Ciencias Exactas, Raúl Zardini, había declarado públicamente sus simpatías “por un modelo de la comunidad organizada, en el orden social, como el corporativismo de la Italia de Benito Mussolini” y el de Filosofía y Letras, el sacerdote Raúl Sánchez Abelenda, señalaría que “libros, autores y profesores freudianos y marxistas caerán bajo la depuración”. Varias figuras importantes de la vida universitaria fueron víctimas de los actos de violencia llevados a cabo por grupos vinculados con la Triple A. En julio y en septiembre de 1974 fueron asesinados, respectivamente, Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, abogados, defensores de presos políticos y ex docentes de la Universidad. En diciembre fue asesinado el dirigente estudiantil de la Facultad de Ingeniería, Daniel Winer. Ese mismo mes fueron cesados en la Universidad todos los profesores nombrados a partir del 25 de mayo de 1973. Varias facultades fueron cerradas durante meses, se prohibió la actividad política en los recintos universitarios, los centros de estudiantes fueron clausurados y sus locales destruidos. En los cursos se nombraron celadores: por lo general se trataba de policías o integrantes de servicios de inteligencia que concurrían a las clases y que tenían como tarea principal vigilar la actividad política de los estudiantes. Con el golpe militar de marzo de 1976, finalmente, el proceso de persecución y represión dentro de la Universidad ingresaría en una nueva etapa. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

Un día después de producido el golpe militar del 24 de marzo de 1976, las universidades fueron intervenidas. En la UBA, fue designado Edmundo Said, quien sostuvo que su principal objetivo consistía en reordenar los claustros “eliminando los factores ideológicos”. Las instituciones universitarias fueron uno de los focos centrales de la represión implementada por el régimen militar. Su política se expresó en cesantías masivas de docentes y no docentes, expulsiones de estudiantes y en el secuestro y desaparición de personalidades relevantes de la comunidad académica, particularmente vinculados con la militancia gremial, tanto docente como estudiantil. Los atentados y la destrucción de instalaciones universitarias continuaron durante gran parte de los años 1976 y 1977 e incluyeron, en el caso de la UBA, la quema de más de un millón de ejemplares de textos publicados por su editorial. Cabe recordar, en este contexto, que el informe de la Conadep ha señalado que un 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes y un 3,7 por ciento docentes. El 29 de ese mismo mes de marzo, el gobierno estableció una ley, la 21.276, de carácter transitorio, por la que dispuso que el gobierno y la gestión de las universidades quedaría bajo la responsabilidad de funcionarios designados por el Ministerio de Cultura y Educación. Los primeros interventores designados eran hombres pertenecientes o cercanos a las fuerzas armadas. La política del régimen militar hacia la Universidad tuvo dos ejes centrales. Por un lado, se propuso llevar a cabo un control estricto desde el punto de vista ideológico y político sobre los contenidos de la enseñanza. La dictadura cercenó principios fundamentales de la vida académica; suprimió la libertad de cátedra y designó en forma discrecional y arbitraria a los nuevos; la actividad de los centros de estudiantes fue prohibida al igual que toda manifestación de naturaleza política. La dictadura se propuso reducir las dimensiones del sistema universitario; se implementó una severa política de cupos (restricciones en el número de personas que podían acceder al estudio de ciertas carreras y de determinadas universidades) que afectó a grandes casas de estudios del área metropolitana como La Plata, Córdoba o Buenos Aires. Pero la política universitaria de la dictadura tuvo también otros ejes, quizás menos conocidos. Uno de ellos consistió en desplazar la actividad científica de las instituciones universitarias y canalizarla hacia diferentes tipos de organismos. Si bien durante los primeros años del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” la inversión en investigación fue relativamente importante, ésta se concentró en instituciones como el Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las consecuencias de esta situación fueron graves para el conjunto de las disciplinas, pero eran particularmente severas en el área de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Las resistencias al nuevo estado de situación en la Universidad fueron relativamente débiles en sus inicios. Un momento fundamental en la historia del movimiento estudiantil de aquellos años se produjo cuando, en diciembre de 1980, la FUA publicó en los principales periódicos una solicitada rechazando la aplicación del arancel. En este documento la organización reivindicó la gratuidad de los estudios universitarios. Después de la derrota en Malvinas y con el anuncio de la normalización institucional, la vida política renació en la mayor parte de las unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires. A partir de septiembre de 1982, tuvieron lugar las primeras elecciones de centros de estudiantes. Las agrupaciones que protagonizaron estas elecciones se referenciaron. por lo general, en los partidos políticos nacionales. Un rasgo central del proceso electoral estudiantil de ese año y del siguiente fue la alta participación, pero también cabe destacar, que en muchas facultades lograron una adhesión importante agrupaciones independientes que cuestionaban la partidización de la política estudiantil. Durante los últimos años de la dictadura, sectores afines al gobierno buscaron consolidar posiciones en la Universidad. Una nueva ley sancionada en 1980, estableció la designación de las autoridades académicas por el Poder Ejecutivo y la prohibición de éstas de ejercer cargos en partidos políticos o participar en organismos gremiales. Ese ordenamiento contempló la designación de los profesores por concurso que fueron implementados a partir de 1982. Estas medidas fueron fuertemente cuestionadas y, finalmente, solo llegó a sustanciarse un pequeño número de concursos que beneficiaron, por lo general, a grupos que habían desarrollado hasta, entonces, sus tareas en forma interina y personas vinculadas de distinta forma al régimen militar. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.

Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación. Vuelta a la democracia (1983). Una nueva etapa en la historia de las universidades se inició con la recuperación de la democracia en diciembre de 1983. Por ley se reinstalaron los estatutos vigentes hasta la ruptura institucional de 1966. Este nuevo marco legal contemplaba la posibilidad de la impugnación de los concursos sustanciados entre 1976 y 1983. En este contexto, se impulsó la reincorporación de los docentes cesanteados u obligados a renunciar. A partir de 1985, comenzaron las elecciones de los diferentes claustros con el propósito de avanzar en el proceso de normalización. En la UBA, este proceso culminó en marzo de 1986 con la elección por asamblea del rector Oscar Shuberoff. La política universitaria iniciada durante esos años tuvo varios ejes fundamentales. Por supuesto, terminar con las políticas de persecución y control ideológico fue uno de ellos. Pero también se propuso levantar las restricciones al ingreso a la Universidad. Con ese propósito se suprimieron los aranceles y el examen de ingreso. El ingreso directo se implementó a partir de 1985 con la creación del Ciclo Básico Común. La matrícula universitaria tuvo un crecimiento acelerado. Mientras el número de nuevos inscriptos en 1982 había superado apenas los 13 mil estudiantes, en 1987 alcanzó casi los 47 mil. En 1992, la matrícula llegaba a los 170 mil estudiantes. Los primeros años de la transición democrática fueron intensos en materia de creaciones e innovaciones institucionales. La conformación del CBC en 1985 obligó a reorganizar los planes de estudios de todas las carreras. A la construcción de nuevas sedes en la Ciudad de Buenos Aires para albergar a la nueva unidad académica, se le sumaron los centros regionales universitarios de Avellaneda y San Isidro y, más adelante, la creación de otras unidades similares en diferentes localidades de la Provincia y del GBA. En 1986 se creó el Programa de Educación a Distancia UBA XXI. También se crearon nuevas carreras, como las de Diseño Industrial y Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y la de Edición en Filosofía y Letras. En 1985, se constituyó la Facultad de Psicología y, en 1988 se fundó la de Ciencias Sociales. Durante este último año se inauguró también el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio de Caballito. Otros aspectos importantes desde el punto de vista institucional de aquellos años, fueron la creación del Centro Universitario Devoto y el Programa UBA XXII. En 1986 se creó el Programa UBACyT, destinado a otorgar subsidios para investigación científica y becas orientadas a la formación de futuros investigadores. Con el propósito de canalizar la transferencia de conocimientos y las innovaciones científicas y tecnológicas, se creó la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología y, en 1991, la UBA creó la empresa UBATEC. Durante los primeros años de la transición democrática el sistema universitario debió afrontar graves dificultades presupuestarias. En este contexto, las universidades invirtieron recursos cuantiosos en instalaciones, personal y equipos. Durante los últimos años de la década de 1980, se verificó una profunda crisis económica que provocó que el aporte fiscal a las casas de altos estudios descendiera progresivamente. Esta circunstancia, sumada al incremento de la matrícula, se tradujo en una disminución abrupta de los recursos asignados por alumno. Mientras tanto, el incremento del número de docentes se efectivizó a través del aumento del número de auxiliares, la gran mayoría de ellos con dedicaciones parciales y, en algunas facultades, incluso, con designaciones honorarias. Los salarios, tanto de los docentes como de los empleados administrativos disminuyeron en estos años de manera consistente. Esto se tradujo en un aumento de la conflictividad laboral en el ámbito universitario. Durante los años noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, se produjeron cambios significativos en la política universitaria implementada desde el Estado Nacional. Se crearon nuevas instituciones universitarias, tanto públicas como privadas y se sancionó la ley 24.521 de Educación Superior. Este nuevo ordenamiento incluyó diversos aspectos que generaron fuertes controversias. Entre ellos se encontraba la posibilidad de que en las universidades con más de cincuenta mil estudiantes se determinara el sistema de ingreso y la potestad para que impusiera aranceles para los estudios de grado y la creación de un sistema de evaluación y acreditación universitaria que se cristalizó en la conformación de una agencia encargada de dichas funciones (Coneau). Algunas de estas disposiciones le permitían al Poder Ejecutivo adquirir una fuerte injerencia sobre el funcionamiento de las universidades. La UBA se opuso a diversas disposiciones de la ley, solicitando ante la Justicia la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Los últimos años de la década del noventa y los primeros del nuevo siglo fueron también conflictivos a raíz del impacto de las políticas de ajuste que afectaron particularmente al sector público y al presupuesto dedicado a la educación. A comienzos del nuevo siglo, la Universidad seguía como a lo largo de su historia con desafíos y problemas. Con casi 20 por ciento del total de la matrícula universitaria del país, la UBA continúa desempeñando un papel fundamental en la vida pública de la Argentina. Fuente: Programa de historia y memoria, UBA.