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Claves

CONCEPTOS

DE LA

(Ley 9/2017de Contratosdel Sector Público)

Calidad/Precio

Planificación

Gobernanza

Contrato Menor

NuevosProcedimientos

Confidencialidad

Innovación

e-contratación

Etiquetas

Transparencia

Medioambiental

ConsultasPreliminares del Mercado

¿?

Social

PYMES

Integridad

N

W

E

S

LCSP

Ampliación Recurso Especial

Un objetivo de la contratación pública debe ser facilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. Uno de los objetivos principales de la Directiva 2014/24, conforme con los de la iniciativa Europa 2020, es propiciar un uso estratégico de la contratación pública. Ese objetivo general se manifiesta en la LCSP en distintas cuestiones como, por ejemplo, la adopción de una serie de medidas orientadas a facilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.No olvidemos que en nuestro país, las compras que realiza el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el resto de entidades dependientes de las anteriores que conforman el sector público, suponen del 10% al 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país.En otras palabras, que la contratación pública supone una parte importante del pastel que ninguna empresa debería despreciar. En nuestro país solo un mínimo porcentaje de las empresas son grandes, apenas el 0,2% son grandes empresas, el resto, 99,2% de la totalidad de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas.A pesar de eso, sólo un 67% del total de licitadores que participaron en procedimientos de contratación durante el 2017 eran pequeñas y medianas empresas.Pues bien, a lo largo de la LCSP se han incorporado una serie de medidas tendentes a facilitar su participación en la contratación pública. Las más relevantes son:Se incorpora la regla general de la “declaración responsable”. Regulándose pormenorizadamente su contenido, coherencia con el denominado Documento Único Europeo de Contratación, como medida de simplificación que ya se había plasmado en nuestro ordenamiento pero de forma limitada.Si el contrato no se divide en lotes hay que justificar el porqué. (art. 99 LCSP) La norma general es que los contratos se liciten dividiéndolos en distintos lotes.Pagos a subcontratistas. En relación a los pagos a subcontratistas, que suelen ser PYMES, en los contratos económicamente más relevantesse establece la obligación para el órgano de contratación de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista. Además Se establece la posibilidad de que los órganos de contratación puedan prever en los pliegos la posibilidad de efectuar pagos directos a los subcontratistas por cuenta del contratista principal; y, en tales casos, que el subcontratista pueda ceder sus derechos de cobros a terceros de igual forma que podría hacerlo el contratista. Igualmente se establece la irrenunciabilidad de los derechos de cobro, incluido el cumplimiento estricto de los plazos máximos de pago que establece la ley por parte de los subcontratistas.Cumplimiento de plazos de pago. En general se establece un régimen más rigorista que respecto de los plazos de pago debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal, con el fin de evitar la lacra de la morosidad que pesa sobre las administraciones públicas.Desde luego, es necesario que desde las administraciones públicas se realice un esfuerzo para que las PYMES participen más en la contratación pública. Eso tendrá un efecto inmediato en su territorio más cercano mejorando el empleo y la competitividad de esas empresas que verán ampliadas sus posibilidades de negocio también a los contratos públicos.Para ello sería conveniente que desde las administraciones y organizaciones empresariales y sindicales se propiciara una estrategia orientada a facilitar el acceso de las PYMES, mejorando su conocimiento y formación y utilizando de forma intensiva en sus licitaciones los mecanismos que la Ley permite para que las PYMES participen en la compra pública de servicios y suministros o en la realización de obras.

La Confidencialidad como principio específico de la contratación públicaSi bien la confidencialidad del contenido de las ofertas o de la información del expediente de contratación puede tener diversas causas, como la protección de los datos personales o la de la información secreta o reservada, la confidencialidad en términos estrictos pretende garantizar el respeto a los datos personales, la competencia.Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza.Los operadores han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del procedimiento de adjudicación.La confidencialidad se proyecta tanto sobre los procedimientos en curso como hacia los futurosEs necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia.La confidencialidad, por tanto, exige adoptar medidas e interpretaciones que preserven, de modo útil, su contenido, lo que limita el derecho al libre acceso a toda la documentación de las ofertas de los licitadores competidores.En tal sentido el artículo 133.1º LCSP establece la posibilidad de que los licitadores en el momento de presentar sus ofertas designen qué documentos han de ser considerados como confidenciales, debiendo el órgano de contratación tratar ichos documentos de forma confidencial siempre y cuando la naturaleza de los mismos responda a la de la información que debe tratarse de forma reservada.También los licitadores, conforme al 133.2º, están obligados a respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.

La mejor relación calidad/Precio como objetivoRecordarás que en el derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público, se hablaba que la contratación estaba orientada a conseguir la oferta económicamente más ventajosa (que no las más barata). Eso ahora cambia y el objetivo es conseguir en la compra pública la mejor relación calidad-precioEn la nueva LCSP los objetivos que la inspiran son:Obtener una mayor transparencia en la contratación pública;Conseguir una mejor relación calidad-precio.la LCSP dispone en su artículo 1.3 que: "En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social."Estas consideraciones, si están relacionadas con el objeto del contrato a celebrar, podrán incluirse como:Criterios de selecciónde empresas,Criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad precio oCondiciones especiales de ejecución.La LCSP dispone que la adjudicación de los contratos del sector público se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicaciónbasados en el principio de mejor relación calidad-precio (131.2 LCSP)De tal manera que los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. (145.4 LCSP)La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. (145.2 LCSP).IMPORTANTE: Es importante tener claro que hay criterios de adjudicación que representan calidad y que no llevan implícito un juicio de valor, puesto que su ponderación de puede realizar por medio de cifras o fórmulas. Por ejemplo, el plazo de entrega de una prestación por debajo de lo establecido en los pliegos, la ampliación del plazo de garantía, la mejora en los tiempo de respuesta...son criterios de naturaleza objetiva cuya valoración no se precisa un juicio de valor.

Las etiquetas son medios de pruebade que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características de tipo medioambiental o social exigidas en los pliegos.Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas.Se entenderá por «etiqueta»: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos.Tipos de etiquetas:socialmedioambiental, como aquellas relacionadas con:la agriculturala ganadería ecológicas,comercio justo,igualdad de génerocumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo,Requisitos que han de cumplir las etiquetas para ser válidas:Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los serviciosque constituyan dicho objeto.Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los órganos de contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán definir las prescripciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de esta, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las características de dicho objeto.Los órganos de contratación que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos quesean equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.El órgano de contratación aceptará otros medios adecuados de prueba, incluidos los mencionados en el artículo 128, que demuestren que las obras, suministros o serviciosque ha de prestar el futuro contratista cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida.Cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos que las obras, suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la obtención de una etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia.La indicación de una etiqueta específica en las prescripciones técnicas en ningún caso exime al órgano de contratación de su obligación de detallar con claridad en los pliegos las características y requisitos que desea imponer y cuyo cumplimiento la etiqueta específica exigida pretende probar.La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o licitador.

El principio de Integridad en la contratación pública:La contratación pública no puede ser concebida para eludir las normas.Tal y como se proclama en el considerando 1 de la Directiva 2014/24/UE, "en la adjudicación de los contratos públicos se han de respetar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, los principios que se derivan de éstos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia".En concordancia con lo señalado, el principio de integridad, al igual que el de transparencia aparece reconocido como principio general de la contratación pública en el artículo 1.1º de la LCSP, al mismo nivel que los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, igualdad y eficiencia. Por lo tanto, aplicable a todo el proceso de contratación.Conflicto de intereses:Ésta es la novedadmás importante en relación directa con el principio de integridad y que se reafirma contundentemente en el artículo 64, en el que se regula el conflicto de intereses de una manera muy amplia identificándolo con "...cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación"y obligando, en consecuencia, a que los órganos de contratación tomen "las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores".Este precepto es una reproducción casi literal del artículo 35 de la Directiva 24/2014, añadiendo como distinto en su último párrafo una obligación general de denuncia: “Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.”Obligación que parece invitar a los órganos de contratación a establecer canales de denuncia eficaces dentro de esas: “las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses.”Por lo demás, los artículos 71 a 73 de la nueva ley, relativos a la prohibición de contratar presentan pocas novedades en nuestro ordenamiento, puesto en las sucesivas reformas del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) se han ido sucesivamente ampliando las prohibiciones para contratar, principalmente a través de la modificación introducida por la DA 9ª de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.No obstante, la LCSP aumenta los casos de prohibición, modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo; al tiempo que transpone las “medidas de autocorrección” o “self-cleaning”de las Directivas Comunitarias.

La contratación públcia es una herramienta para implementar políticassociales.Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo,siempre que esté supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar, bien como:criterios de solvencia técnica,criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad precio ocondiciones especiales de ejecución.La Ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202.Se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.En el ámbito de la discapacidad, se recoge como causa de prohibición de contratar con las entidades del sector público el no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, cuestión ya adelantada mediante la modificación del hasta ahora vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2.

Herramienta para preparar correctamente un expediente de contratación.A través de las consultas preliminares del mercado los poderes adjudicadores tienen la posibilidad, por ejemplo, de solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, “siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia o vulnerar los principios de no discriminación y transparencia”.La LCSP, trasponiendo al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incorporó en su artículo 115 la regulación de las consultas preliminares del mercado “con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento”.Se trata en definitiva de preguntar a los expertos de un área específica, o a los propios operadores del mercado de forma transparente sobre las cuestiones relativas las soluciones innovadoras o existentes para resolver un problema o respecto a cualquier cuestión relativa a un contrato a realizar.Las consultas preliminares de mercado están resultando particularmente útiles para cumplimentar satisfactoriamente algunos requisitos que impone la LCSP como es averiguar el desglose de costes directos e indirectos del presupuesto base de licitación (arts. 100.2º y 3º de la LCSP)

La contratación públcia es una herramienta para implementar políticas medioambientales.La LCSP refuerza del mismo modo que lo hace para las condiciones sociales la importancia de las consideraciones medioambientales en los contratos públicos.En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de gestión medioambientala las empresas licitadoras, como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la experiencia o el «buen hacer» de esa empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente.

Planificación anual de la compra públicaEn aras de la consecución de un nuevo sistema de contratación o compra pública más íntegro y estratégico, encontramos en el título I de la LCSP respecto de la racionalidad y consistencia de la contratación del sector público tres conceptos claves (art. 28): la necesidad, la idoneidad y la eficiencia, con una importante novedad además y esla necesidad de programar, de planificar,ya que “Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.

Desaparece el procedimiento negociado por razón de la cuantía y apareceun nuevo procedimiento abierto simplificado, que a su vez tiene una modalidad abreviada.Procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.Procedimiento abierto supersimplificado:Contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, yContratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartadoReferenciaslegales:Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.

La nueva Gobernanza de la Contratación PúblicaEn el Libro IV se establece un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las Directivas Comunitarias y de combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.En primer lugar, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es designada como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, en consecuencia, se le atribuye la obligación de remisión de los informes que establecen las Directivas Comunitarias, y que continúa siendo el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal.Por otra parte, se crea en el seno de la Junta Consultiva el denominado Comité de Cooperación en materia de contratación pública, principalmente, para articular un espacio de coordinación y cooperación en áreas de acción común con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, así como para elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública, sin que ello impida la aprobación de estrategias, coherentes con la primera, por parte de las Comunidades Autónomas para sus respectivos ámbitos territoriales.En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, también a nivel estatal, con plena independencia orgánica y funcional, integrada por un Presidente y cuatro vocales que gozan de la condición de independientes e inamovibles, que debe rendir cuentas anualmente a las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas sobre sus actuaciones. La misma deberá coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación en esta materia, dado que las Comunidades Autónomas pueden crear sus propias Oficinas de Supervisión. La Oficina está facultada para dar traslado a la Fiscalía u órganos judiciales o administrativos competentes de hechos de los que tenga conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano competente para la aprobación de la ya mencionada Estrategia Nacional, en cuya ejecución se verán involucrados los tres órganos que se han relacionado, así como sus equivalentes a nivel autonómico.

La Asociación para la innovaciónEn el ámbito de la innovación y desarrollo, conla idea de favorecer a las empresas más innovadoras, destaca especialmente la introducción del nuevo procedimiento de asociación para la innovaciónSe ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración.Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.En relación con este nuevo procedimiento, la nueva Directiva perfila un proceso en el que tras una convocatoria de licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud de participación, tras lo cual, los candidatos que resulten seleccionados podrán formular ofertas, convirtiéndose así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación.Este podrá desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para la innovación.Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases sucesivas, pero ya no tendrá lugar entre el órgano de contratación y los licitadores, sino entre aquel y uno o más socios; y generalmente culminará con la adquisición de los suministros, servicios u obras resultantes.Se trata, por tanto, de un procedimiento en el que podrían distinguirse, esquemáticamente, cuatro momentos diferenciados:Selecciónde candidatos,Negociación con los licitadores,Asociación con los socios,Adquisición del producto resultante.

Contratación electrónica obligatoria, "de extremo a extremo".Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la LCSP son:Lograr una mayor transparencia en la contratación pública yConseguir una mejor relación calidad-precio.Sendos objetivos se busca lograrlos a través de la implantación obligatoria de la contratación electrónica, ya que el propio Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público señala que “debe necesariamente aludirse a la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él, desde su entrada en vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario”.De principio a fin. Desde la entrada en vigor de la LCSP, la contratación electrónica en cada una de sus fases, así como las comunicaciones con los licitadores debe ser electrónica.Es así que la nueva Directiva clásica sobre contratación pública quería, en un primer término, que a partir de la fecha límite de transposición, 18 de abril de 2016, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones electrónicas fueran obligatorios en lo que respecta a determinadas fases del procedimiento (por ejemplo, la notificación electrónica al TED o la publicación de los anuncios de licitación en Internet), obligando después a culminar de forma obligatoria la transición a la contratación electrónica en la Unión Europea.En un segundo término fijado en el 18 de abril de 2017 para las centrales de contratación.En un tercer término establecido el 18 de abril de 2018, para dilatar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.2º a efectos del documento europeo único de contratación y su ofrecimiento exclusivamente en formato electrónico.En un cuarto y definitivo momento, para todos los órganos de contratación, en el día 18 de octubre de 2018, con el objetivo último de conseguir una contratación pública electrónica de principio a fin, “de extremo a extremo”,(usando la propia terminología de la Comisión: [COM (2013) 453 final]), en la que todas las fases del procedimiento se llevan a cabo por medios electrónicos como mecanismo estándar de comunicación.Comunicaciones e intercambio de información.El artículo 54 de la LCSP obliga a realizar por medios electrónicos las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento.La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no podrá suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores, como establece el apartado 4 del artículo 136 2017.Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.Excepcionalmente, y sólo en los casos previstos por el artículo 138.2 LCSP, los órganos de contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos.El régimen jurídico del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación regulados en la ley queda fijado de manera obligatoria en las disposiciones adiciones 15ª, 16ª y 17ª.

El primer objetivo de la LCSP es incrementar la transparencia.El principio de transparencia, consecuencia inmediata del principio de igualdad de trato entre los licitadores, es ahora con la nueva LCSP y las Directivas que la inspiran, un principio transversal de toda la contratación pública en cada una de sus fases, en virtud del del cual se deben:Evitar bavoritismos y arbitrariedadesEstablecer condiciones claras y precisas en los anuncios y los pliegosInformar razonablemente a los licitadoresPre-establecer las condiciones bajo las cuales se admitirán, formularán y valorarán las ofertas.Quizá el hito más relevante en pro de la transparencia en la LCSP es la potenciación del perfil de contratante, multiplicando las obligaciones de publicidad activa en el mismo, imponiendo requisitos que garanticen la integridad, trazabilidad y permanencia de los datos que se publiquen; y determinando las consecuencias jurídicas de la falta de publicación en el perfil o de su falta de conexión directa o indirecta con la Plataforma de Contratos del Sector Público, de tal manera que pueda centralizarse la información en un punto.

El contrato menor debe ser algo excepcional.El contrato menor, que no es otra cosa que la adjudicación directa de un contrato sin procedimiento de licitación a favor de una empresa determinada, ha visto limitado su importe reduciéndose para los contratos de servicios y suministros por rebajo de los 15.000 euros y en el caso de contrato de obras, por debajo de los 40.000 euros.La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) aprobó laInstrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019 del asunto del contrato menorde carácter vinculante para el sector público del Estado. Como novedad, hay que apuntar queEl Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, entre otras medidas ha modificado en su DF 1ª el artículo 118 LCSP, eliminando el límite por el cual para celebrar un contrato menor se exigía que el contratista no hubiera suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superaran las cifras que establece el artículo 118.1 de la Ley. Debe justificarse su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato:Debe justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la “unidad funcional” del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación.En este sentido, el criterio relativo a la “unidad funcional” para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas. Así, la justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva la celebración del contrato.El órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos,debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será necesario solicitar más presupuestos. Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en todo caso, parte del expediente. De no ser posible lo anterior, deberá incorporarse en el expediente justificación motivada de tal extremo. Esta exigencia se ha considerado por algunas Juntas Consultivas de Contratación autonómicas, entre ellas la de Canarias en su Recomendación 1/2019, que han entendido no aplicable la Instrucción de la Oirescon en su territorio, la identifican simplemente como una buena práctica no obligatoria.El expediente exige un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contratoque deberá incluir, al menos, los siguientes extremos:El órgano de contratación competente.El objeto del contrato.La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos cuando proceda.Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual).La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP.La acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente la factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato.La acreditacón de las, tres ofertas solicitadas y de las recibidasLa justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración. De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al expediente la justificación motivada de tal extremo.En cuanto a su publicidad, estos contratos deben ser publicados en el perfil de contratante al menos de forma trimestral (a excepción de aquellos de importe inferior a 5.000 euros tramitados como anticipos a caja fija o sistema de pago similar).Los órganos de contratación deberán publicar trimestralmente todos los contratos menores que hayan adjudicado en ese período, es decir, aquellos respecto a los que existe compromiso del gasto y comunicación de la adjudicación al contratista, y ello con independencia de que no esté aun incorporada la factura al expediente debiéndose indicar, al menos, el objeto, la duración, el importe de adjudicación incluido el IVA, la identidad del adjudicatario, debiendo ordenarse los contratos por la identidad del adjudicatario.Organo de contratación es aquel órgano que ejerce las facultades del órgano de contratación, bien sea como titulares de la competencia o bien por delegación o por desconcentración, siempre que tengan autonomía y responsabilidad suficientes para adjudicar los contratos y lo haga con cargo al presupuesto del que disponen o tienen asignado en exclusiva.Los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año y no pueden ser objeto de prórrogaReferenciaslegales:Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

El refuerzo del recurso especial en materia de contrataciónEn el recurso especial (arts. 44 y ss.LCSP) se introducen importantes modificaciones.Sigue siendo potestativo y ahora gratuito.Se amplía el objeto del recurso especial en materia de contratación (REMC) a:modificados,encargos ilegales ylos rescates de las concesiones.Por otro lado deja de estar ligado a los contratos SARA, vinculándose así a los tipos contractuales y a determinadas cuantías:Valor estimado superior a 3.000.000 millones de euros para obras y concesiones;Valor estimado superior a 100.000 euros para servicios y suministros.Se amplía asimismo la legitimación activa (art. 48) de manera que estarán también legitimadas para interponer este recurso las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación.Procedimentalmente encontramos también algunas novedades en la tramitación del REMC, principalmente destaca que su presentación y tramitación se convierte íntegramente electrónica.Referenciaslegales:Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado.Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.Artículo 47. Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública y en relación con contratos subvencionados.Artículo 48. Legitimación.Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares.Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial.Artículo 52. Acceso al expediente.Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.Artículo 54. Comunicaciones y notificaciones.Artículo 55. Inadmisión.Artículo 56. Tramitación del procedimiento.Artículo 57. Resolución del recurso especial.Artículo 58. Indemnizaciones y multas.Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial.Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.